El Gobierno promulgó la Ley 27.797 , conocida como “Ley Nicolás”, una normativa que establece un marco jurídico e institucional para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, de calidad y centrada en las personas. La iniciativa fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tras haber sido sancionada por el Congreso en septiembre.

Inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 a causa de un diagnóstico erróneo, la ley busca reducir los daños evitables en la atención médica, mejorar las condiciones laborales del personal de salud y promover la protocolización de los procesos de atención.

“Esta ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”, señala el artículo 1° del texto promulgado.

Entre sus principales disposiciones, la Ley Nicolás crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), un sistema destinado a reportar incidentes de seguridad, eventos adversos y situaciones que requieran investigación, bajo un criterio no punitivo. El organismo deberá garantizar la confidencialidad de la información y promover acciones correctivas ante las notificaciones recibidas. 

Otra medida destacada es que, si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, esa sanción tendrá validez en todo el país. Además, las instituciones de salud estarán obligadas a implementar métodos de selección transparentes y equitativos para la incorporación de su personal, y deberán informar los movimientos de sus profesionales a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS). 

La norma también establece que, en un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones del país deberán disponer de plataformas digitales interoperables para la historia clínica, lo que permitirá una mayor trazabilidad y seguridad en la información sanitaria.

Durante el debate parlamentario, la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) explicó que la iniciativa apunta a reconocer los errores médicos sin criminalizarlos, con el objetivo de aprender de ellos y evitar su repetición. “Las fallas humanas que derivan de diagnósticos errados pueden existir y no debemos negarlas. Por eso es importante registrarlas sin que eso signifique una denuncia. Este proyecto pretende trabajar sobre ellas, averiguar el porqué y poder modificarlas”, sostuvo.

La Ley Nicolás fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y uno en contra, tras un extenso proceso de debate que comenzó en 2021 y retomó fuerza a mediados de 2023.

Su nombre rinde homenaje a Nicolás Deanna, quien falleció a los 24 años por una mala praxis médica. Desde entonces, su madre, la abogada Gabriela Covelli, impulsó la creación de la ONG Por la Vida y la Salud, dedicada a promover la seguridad del paciente.

“Los procedimientos médicos que provocan lesiones o muertes se tratan como homicidios culposos, con penas de dos a cinco años. En estos casos, los médicos rara vez van presos. Por eso, también buscamos elevar las penas mínimas y máximas”, había expresado Covelli años atrás al impulsar la ley.