El Gobierno nacional aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado. A través del Decreto 864, publicado hoy en el Boletín Oficial, se dio a conocer un documento de 34 páginas que establece los lineamientos que definirán el accionar de los servicios de inteligencia durante los próximos años. 

Este anuncio ocurre luego de que el Gobierno removió al ex titular del organismo, Sergio Neiffert, y designar en su lugar al ex inspector general de Asuntos Internos Cristian Auguadra.

La medida, que lleva las firmas del presidenta Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición acerca de la política que debe guiar a los organismos de inteligencia en más de 20 años, según dijeron las propias fuentes del Poder Ejecutivo. Además, instruye a la SIDE a dictar la “Estrategia de Inteligencia Nacional”, una acción que “determinará los cursos de acción para adecuar las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional al contexto estratégico al cual se enfrente la Argentina, lograr la consecución de los ejes y las metas del Estado Nacional y generar el capital humano y tecnológico requerido para enfrentar los futuros desafíos”.

En el documento que se dio a conocer esta mañana, el Ejecutivo hizo un severo diagnóstico acerca del estado en que encontró los servicios de inteligencia. Dijo que “hace más de tres décadas que el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) presenta un deterioro relevante que socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la Argentina frente a diversos riesgos y amenazas”. En ese sentido, mencionó los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994, respectivamente, y la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

También señaló las reiteradas intervenciones del organismo y sus consiguientes reestructuraciones. En 2015, la SIDE fue reconvertida en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hasta que este año, el Gobierno repuso la nomenclatura anterior con un nuevo esquema que dividió sus funciones en distintos departamentos.

Los ejes de la Política Nacional de Inteligencia

La hoja de ruta que diseñó el Gobierno tiene como eje central cinco intereses estratégicos: asegurar la soberanía y la autonomía de la Nación; proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado; proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes; asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal y preservar los recursos estratégicos.

El primer lineamiento aborda la “disputa de poder en el escenario de política exterior”, donde se reconoce que la competencia entre potencias globales “impacta directamente en regiones periféricas como América Latina”. El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

El segundo eje se refiere a la “superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, con foco en operaciones de desinformación que “buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional”.

El tercer lineamiento analiza el “poder integral de la Nación”, incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como “la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros” y “la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras”.

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que “la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales” ha generado “un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas”. Se menciona expresamente “la ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina “por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos”.

Ciberseguridad y tecnologías de frontera

El sexto eje estratégico se centra en las “amenazas dentro y desde el ciberespacio”, definiendo a este dominio como “vector de influencia y superficie de ataque” que permite a actores estatales y no estatales “proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo”.

El séptimo lineamiento aborda las “ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera”, incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que “redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística”.

Terrorismo y crimen organizado

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta “exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales”, mencionando “el precedente de atentados con impacto regional”.

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como “una estructura de poder paralela” que en Argentina se beneficia de “la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales” que han favorecido “la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales”.

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como “herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional”.